Dr. Antonio Andrés Pueyo

Catedrático de Psicología del Departamento de Personalidad en la Facultad de Psicología y Profesor de Criminología en la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona.

Antonio Cano Martín

Psicólogo de la Dirección General de Justicia Juvenil. Departament de Justicia. Generalitat de Catalunya.

Delincuencia juvenil: una realidad que preocupa a numerosos profesionales

5 octubre 2016

A través de la adecuada gestión de la violencia juvenil, la sociedad invierte en su estabilidad futura. A la luz de los datos aportados por el Dr. Antonio Andrés Pueyo y el Sr. Antonio Cano Martín, pese a haber disminuido la incidencia de este tipo casos, los delitos evolucionan dando lugar a nuevas situaciones que exigen respuestas innovadoras por parte de los servicios sociales. Rapidez para detectar, colaboración para tratar y la creación de espacios para fomentar la autonomía responsable de los jóvenes son sólo algunas de las propuestas que se detallan en esta entrevista.

¿Cuál es la situación de la Delincuencia y Violencia Juvenil en España?

En los últimos años, los grandes números de la Delincuencia Juvenil han disminuido en términos relativos en España, porque también ha disminuido la población de niños y adolescentes en nuestra Sociedad. En este contexto, no obstante, han aumentado los delitos de temática violenta y la implicación de las chicas y las adolescentes en estos comportamientos.

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¿Qué tipo de casos son los de mayor incidencia hoy en día?

Desde siempre los delitos más habituales son los menos graves, como los delitos contra la propiedad, pero la variedad de delitos es muy numerosa: lesiones, tráfico de drogas, vandalismo, contra la seguridad vial, violencia doméstica, etc. Pero la principal preocupación es con los delitos violentos porque están aumentando en un contexto de descenso de otros delitos. Hay que distinguir los casos donde se ejerce violencia pero que no son denunciados (y por lo tanto no entran en el circuito de la Justicia Juvenil) y los que sí que conllevan denuncia y por consiguiente se califican como delitos. Esta realidad hace que la preocupación de la violencia no sea exclusiva de la policía y los jueces, sino que es una preocupación compartida por muchos profesionales (maestros, educadores, pediatras, etc.). Hoy los casos más habituales en la Justicia Juvenil son los relacionados con la violencia intrafamiliar (en el seno de la familia, especialmente la violencia que ejercen los hijos sobre los padres, que es una importante novedad). Otro fenómeno que va in crescendo es el de las peleas y altercados entre bandas latinas y grupos de jóvenes en entornos de ocio. Los delitos de extrema gravedad como homicidios, asesinatos, agresiones sexuales, etc. tienen mucho impacto mediático, pero ocurren en un porcentaje pequeño. Estos delitos más graves normalmente se atienden en un entorno de internamiento distinto al abordaje del resto de problemáticas mencionadas que se realizan, generalmente, en un entorno comunitario.

¿Y los que mayor crecimiento han experimentado?

Sin duda desde el 2007 aproximadamente hay un crecimiento significativo de los casos que llegan a Justicia Juvenil por delitos relacionados con la violencia intrafamiliar. Otro fenómeno que está creciendo es el acoso escolar (bullying ) si bien la mayoría de casos no acaban en el ámbito de la Justicia y se abordan dentro de la comunidad educativa, son complejos y producen mucho malestar y dificultades a todo el colectivo escolar, las familias y, por supuesto las víctimas. También preocupan mucho los fenómenos de violencia de género entre adolescentes y los relacionados con los “ciberdelitos” (grooming, etc.)
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¿Se detectan conflictos que antes no existían?

Podríamos decir que sí, que muchas conductas violentas y antisociales antes se toleraban mucho más que ahora. Los dos fenómenos anteriormente expuestos, posiblemente antes existían, pero no se denunciaban o no se publicitaban tanto como ahora.

¿Cómo se están adaptando los servicios sociales para dar respuesta ante este fenómeno?

La violencia juvenil es un fenómeno que preocupa, tanto por lo que significa y como por las consecuencias que tiene para muchos profesionales que trabajan con adolescentes desde los diferentes ámbitos (policial, servicios sociales, judicial, clínico, escolar, etc.). En particular, los servicios sociales –y también los educativos- han tenido que hacer un esfuerzo importante en la formación de sus profesionales así como la adecuación de sus recursos a estas nuevas problemáticas. Es importantísima su labor a nivel preventivo y de trabajo de calle para poder paliar dicho fenómeno. Sin duda los diferentes servicios tienen que hacer un esfuerzo por formar a sus profesionales y por ampliar y adecuar los recursos destinados a los adolescentes y jóvenes en su totalidad y los que están en riesgo principalmente.

Y en lo que se refiere a los perfiles profesionales que trabajan en la detección y tratamiento de la delincuencia y violencia juvenil, ¿qué tipo de profesionales demanda un equipo ‘ideal’ para su abordaje?

Cada vez más la literatura científica y las experiencias de trabajo con jóvenes en riesgo social o infractores abogan por un planteamiento multidisciplinar donde los diferentes profesionales (educadores, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, maestros, mediadores culturales, policías, juristas, etc..) trabajen en red y aborden el caso individual como un todo; para ello cada vez es más necesario, junto con la formación específica de los profesionales, optimizar las coordinaciones entre los equipos de trabajo.

Dr. Andrés Pueyo

Dr. Antonio Andrés Pueyo

¿Cómo ha de ser la aproximación del profesional al adolescente protagonista del conflicto (menor infractor)? ¿Qué competencias son claves para reencausar adecuadamente la situación?

Por nuestra larga experiencia en el abordaje de problemáticas en jóvenes en conflicto con la ley, diría que un profesional que se quiera dedicar a ello debería tener: un gran conocimiento de la población a que atenderá, es decir, los adolescentes y jóvenes con sus características particulares, unas habilidades o capacidades para incrementar la motivación de los jóvenes con los que tratará y una buena adaptación al entorno donde se llevará a cabo la intervención (centros, medio abierto, etc). Además de todo ello, sería muy positivo que esté formado en técnicas, estrategias y programas de intervención dirigidos a abordar las diferentes problemáticas que presentan los jóvenes y concretamente aquellas que tienen que ver con la violencia.

¿Qué nuevas competencias están demandando los nuevos conflictos?

Básicamente estar formado en estrategias de intervención y capacidad de trabajar en equipo coordinadamente, sin olvidar la necesidad de conocer exhaustivamente la población que atendemos. La problemática que representa en las sociedades del bienestar y avanzadas la delincuencia y violencia juvenil debe resolverse de forma dinámica y apostar fuertemente por la prevención. Tradicionalmente se consideraba el castigo y la disuasión la estrategia fundamental de abordaje de ese problema y, se le asociaba la aplicación de recursos educativos y laborales. Ahora, además de estas tácticas de intervención, se requieren otras propias de la salud mental, el desarrollo del ocio, etc. Cualquiera que trabaje en este campo ha de tener en cuenta que los adolescentes son personas en transición al rol adulto y en un mundo tan cambiante como el actual nada es seguro en cuanto al futuro que conseguir adultos competentes socialmente y que la base de esa competencia sea una personalidad madura y adaptativa.

Antonio Cano Martín

Antonio Cano Martín

Con un correcto abordaje, ¿qué porcentaje de conflictos se consigue resolver satisfactoriamente?

Hoy, gracias a los avances de la criminología y otras ciencias accesorias, sabemos que la conducta antisocial de los adolescentes, en la mayoría de casos, es pasajera y como tal hay que tratarla. Se han descrito dos trayectorias o carreras criminales de los infractores. Una que es de inicio muy precoz (4-5 años) y que continúa a lo largo de la adolescencia y que tiende a cronificarse. Esta trayectoria afecta a un porcentaje muy pequeño de menores infractores (entre un 5 y un 10%). La segunda trayectoria está asociada al inicio y final de la adolescencia (entre los 12-14 y los 18-20 años) y es pasajera. En la adolescencia encontramos los dos tipos de infractores a la vez y, naturalmente, intervenir con unos o con otros es muy diferente. En los primeros es imprescindible intervenir lo más pronto posible y en los segundos hay que “medir” bien la intervención adecuándola al caso para no producir efectos contraproducentes. El efecto de la intervención con el primer grupo es relativamente bajo o moderado, en cambio con los del segundo grupo los efectos son muy elevados. Hoy sabemos que la mejor estrategia es la preventiva y el tratamiento individualizado de cada caso atendiendo al riesgo, las necesidades y peculiaridades del joven infractor. La gran mayoría de los adolescentes que delinquen abandonan la carrera delictiva. Las intervenciones con los jóvenes infractores, que son eficaces también pueden ser muy contraproducentes y dañar más al joven que ayudarlo. Las intervenciones adecuadas pueden reducir en un 15-35% las tasas de reincidencia, pero mal aplicadas pueden ayudar a que ese comportamiento agresivo y violento se agrave y cronifique, colaborando a convertir al joven antisocial en un adulto delincuente.

¿Qué implicaciones podría tener para la sociedad el que no se aborden adecuadamente los casos de delincuencia y violencia juvenil?

En primer lugar, que la reincidencia se dispare y se instale una sensación total de impunidad entre los jóvenes que, sin duda, influirá negativamente en todos los ciudadanos pero sobre todo en las víctimas de esos hechos delictivos o conductas violentas. En general, salvo excepciones histórico-culturales muy puntuales, los delitos y la violencia son fenómenos negativos porque sus consecuencias, especialmente de la violencia, afectan a las personas, las sociedades, el desarrollo, el bienestar y, naturalmente las sociedades se organizan para reducir estos fenómenos. Desde hace muchos años la orientación principal de las leyes penales juveniles y de los servicios que atienden estos casos priman, en un contexto de castigo al infractor, el no dañar (se actúa protegiendo el interés superior del menor) y buscan la reeducación de una manera primordial. No hay que confundir la “intervención individualizada y no perjudicial” con la “tolerancia” o la “despreocupación”, ya que aunque la literatura científica nos informa que muchos de estos casos se corrigen con el tiempo y la madurez de los jóvenes, si no se abordan correctamente pueden seguir en la edad adulta, con lo que la violencia se instala como patrón de relación preponderante con los efectos negativos que siempre acompañan a este tipo de comportamientos.

 

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  • 5564 casos de menores atendidos en Cataluña en el último año.
  • Ejercen su labor en: Dirección General de Justicia Juvenil del Departament de Justicia (Generalitat de Catalunya), Juzgado de Menores de Barcelona, Equip d’Assessorament i Mediació de la Generalitat de Catalunya, Medio Abierto del Departament de Justicia, Dirección General de Prisiones, Organización Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ)…
  • Forman parte de equipos multidisciplinares: psicólogos, criminólogos, psiquiatras, educadores sociales, trabajadores sociales, abogados, jueces, pedagogos…

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