- ¿Qué cambia con la nueva Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia? ¿Por qué su promulgación es tan relevante?
La Ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, es una ley que establece, por su rango normativo, un marco general de principios, actuaciones y declaración de intenciones que no entra a concretar, ya que la mayoría de las obligaciones, preceptos y novedades que incorpora son competencia autonómica. En el caso de Cataluña, tenemos la Ley de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia del año 2010, tiempo que nos ha permitido avanzar sobre todo en cuanto a la prevención, la promoción de derechos, a la integralidad y el trabajo familiar, en relación al Estado. También en el año 2016, creamos la comisión de lucha contra la violencia hacia la infancia, de donde se han ido implementando diferentes líneas de actuación, y la más actual, la unidad integrada de atención a los abusos sexuales infantiles.
Esta nueva Ley propone una visión amplia, integral para concienciar, prevenir, detectar, proteger y reparar el daño en cualquiera de los ámbitos en los que la infancia desarrolla su día a día: familia, educación, sociosanitario, medios de comunicación, deporte, ocio, etcétera.
Según se desprende del documento, se pretenden garantizar los derechos a la integridad física y moral de la infancia y la adolescencia ante cualquier forma de violencia, sin tener en cuenta el medio por el que se ha llevado a cabo; incrementar la sensibilización ciudadana y trabajar la detección y la prevención como eje vertebrador.
Es importante destacar también que se introducen algunas cuestiones claves sobre la prescripción de los delitos, la especialización en materia de infancia y adolescencia y concretamente sobre los diferentes tipos de violencia que podemos sufrir, o los acogimientos profesionalizados que son competencia estatal y que llevamos tiempo reclamando. Por lo tanto en este sentido, esta ley viene a complementar y dar más garantía a todo lo que tenemos previsto en nuestro ordenamiento jurídico y prever nuevos mecanismos de prevención que son competencia estatal.
Finalmente decir que se trata de una ley que no aterriza ni desarrolla, y tampoco cuenta con una memoria y acompañamiento económico, por lo tanto habrá que ver y estar atentos a su desarrollo y cuál debe ser la implicación de las comunidades autónomas.
- ¿Qué papel ha de asumir la Administración a la luz de esta nueva normativa?
Esta Ley promulga la coordinación de las organizaciones y con ello se quiere evidenciar la responsabilidad que tenemos cada uno de los miembros de la sociedad ante esta problemática que crece y se transforma de forma acelerada.
Por lo tanto, nuestro papel será responder a las necesidades que se derivan de la sociedad en consonancia a lo estipulado en esta ley orgánica y en nuestro ordenamiento jurídico y ser pioneros en la divulgación y la promoción de derechos para corresponsabilizar a todos los miembros de la sociedad.
- ¿Cómo garantiza la Administración catalana la correcta coordinación de todos los profesionales implicados en la protección de la infancia y adolescencia: sistema sanitario, sistema social, sistema educativo…? ¿Cuáles son las claves para que el sistema funcione correctamente?
Promocionando y fomentando la interdepartamentalidad con sus propios actos; creando Mesas donde se encuentran todos los agentes implicados; corresponsabilizándose a todas las personas profesionales del mundo de la infancia y de la adolescencia y divulgando y sensibilizando sobre las necesidades reales de nuestra infancia y adolescencia.
La clave se creer en la multidisciplinariedad, en el conjunto, en el trabajo en red, en que todas sumamos. Es básico el trabajo, el esfuerzo y la implicación de todas las personas involucradas y aplicarse por un objetivo común.
Y sobre todo, situando los niños y adolescentes en el centro de nuestra acción. Un ejemplo claro es la Unidad integrada de atención ante los abusos sexuales, Barnahus, que antes he citado, y en donde están los diferentes profesionales Implicados (salud, justicia, Mossos, Educación …) los que se desplazan hacia ese Barnahus y no son los ninos, niñas o adolescentes los que tienen que ir a buscar a los profesionales.
- ¿Qué papel han de asumir los ciudadanos de a pie en este complejo engranaje? ¿Cómo garantiza la Administración su formación respecto a una infancia y adolescencia protegida?
Los ciudadanos y ciudadanas tienen un papel protagonista, relevante y primordial en nuestra sociedad. Es necesario que desde la Administración ayudamos a hacerlos concienciar de su importancia como agentes activos y sensibilizarlos en violencia hacia la infancia y la adolescencia para que puedan detectar situaciones de vulnerabilidad o violencia hacia este colectivo y puedan actuar y dar el aviso oportuno para su protección y cuidado.
- Según el Barómetro de Opinión de Infancia y Adolescencia de UNICEF España, la COVID es, con diferencia (57,6%), la principal preocupación de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo se está trabajando desde la Generalitat de Catalunya en la gestión del impacto que la pandemia ha tenido en este colectivo?
El impacto de la pandemia ha sido notorio en nuestra infancia y juventud, así nos lo han hecho saber diferentes estudios, como el que se ha encargado desde la DGAIA con la participación de los propios niños y adolescentes que estaban dentro del sistema de protección.
Ahora tenemos nuevos retos, nuevas situaciones que hacen que trabajar en red sea la única manera de resolver y sacar adelante estas nuevas casuísticas. No sabemos si se podrá volver a las situaciones vitales anteriores, pero quizás podemos crear otras nuevas que sean válidas para todas nosotros y ajustadas a las nuevas necesidades. La pandemia está dejando una huella muy fuerte en todo el mundo y tenemos que ser conscientes de los cambios que se están produciendo como personas y como sociedad.
Desde el Observatorio de los derechos de la infancia, concretamente el grupo de trabajo sobre la COVID19, se hizo un estudio sobre cómo afectó la situación de confinamiento en la infancia y la adolescencia y se establecieron una serie de medidas que ayudaban mejorar el sistema y atención en el caso de nuevas situaciones similares. Actualmente están preparando el documento un año después.
- El Síndic de Greuges de Catalunya pone otro tema relevante encima de la mesa, el que hasta ahora no se había tratado en profundidad en los diferentes pactos por la infancia en Cataluña ya que no era de los temas más acuciantes: la salud mental de niños y adolescentes. ¿Cómo se está abordando este nuevo desafío en Cataluña?
En la Generalitat somos conscientes de la situación actual de la salud mental de nuestra infancia, adolescencia y juventud. Tenemos estudios y números que nos alertan que necesitan de nuestra intervención y de medidas que les ayuden a seguir adelante.
Es por ello que desde el Observatorio de los Derechos de la Infancia hemos iniciado un grupo de trabajo para identificar trastornos de salud mental entre la población joven; ver cuál es el grado de deterioro, conocer cómo está su salud emocional para obtener una serie de medidas a tomar y que pueda ayudar al Gobierno de Cataluña a conocer las necesidades reales y qué acciones podrían llevarse a cabo.
De forma paralela y transversal estamos trabajando en toda mi Secretaría en un Plan específico para el abordaje de salud mental infanto-juvenil. También estamos involucrados en un proyecto europeo llamado Make the Difference en el que participamos de la mano de Salud Mental y Adicciones para mejorar la atención a aquellos niños y adolescentes y jóvenes que viven o han vivido en familias con problemas de adicciones, conocer cómo les afecta la situación e incluso trabajar a través de la mentoría.
